13/5/2026 Desahucio por impago en Vizcaya. Pre-demanda
Hoy es 13 de mayo de 2026 y he iniciado la fase previa judicial o pre-demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas mediante el envío de un burofax a la parte arrendataria de una vivienda arrendada en Vizcaya.
El burofax contiene un requerimiento formal de pago y una Oferta Vinculante Confidencial (OVC) con una propuesta transaccional de la propiedad dirigida a intentar alcanzar una solución amistosa y extrajudicial que evite la necesidad de acudir a un procedimiento judicial de desahucio.
La parte arrendataria mantiene actualmente una situación continuada de impago de rentas y cantidades asimiladas, existiendo deuda vencida, líquida y exigible. Además, concurren indicios compatibles con un posible subarriendo inconsentido de habitaciones dentro de la vivienda sin autorización de la propiedad, circunstancia que puede constituir igualmente causa de resolución contractual conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este tipo de situaciones suelen generar una complejidad añadida desde el punto de vista estratégico y procesal, especialmente en relación con la futura recuperación posesoria del inmueble y la ejecución efectiva del lanzamiento judicial.
Además de lo anterior se ha comunicado a la parte arrendataria la posibilidad, en caso de no atender al requerimiento de pago, de la posible incorporación de sus datos al Registro de Impagados Judiciales (RIJ) base de datos de morosos declarativos vinculada al Consejo General de la Abogacía Española, con los efectos reputacionales y jurídicos que conlleva, todo ello en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La oferta tiene un plazo de vigencia de un mes, de acuerdo con el art. 10 de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Si no se consigue alcanzar una solución amistosa y extrajudicial en el plazo otorgado se interpondrá demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas ante los Tribunales de Instancia de Vizcaya.
