
Predemanda de desahucio por finalización de contrato en Alicante (Masc).
El pasado 19 de octubre remití a la parte arrendataria de un contrato de arrendamiento de vivienda situada en Alicante, un requerimiento formal de entrega del inmueble y una oferta vinculante confidencial como actuación previa a la eventual interposición de una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual.
En este caso, el contrato de arrendamiento se suscribió en el mes de octubre del año 2021, habiendo alcanzado ya el plazo mínimo legal de duración de cinco años previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La propiedad ya había comunicado a los arrendatarios, mediante requerimiento fehaciente remitido en el mes de mayo de este año, su voluntad expresa de no renovar ni prorrogar el contrato y de recuperar la posesión de la vivienda a su vencimiento. Dicha comunicación se efectuó con una antelación superior a los cuatro meses previstos en el artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Sin embargo, llegada la fecha de finalización del arrendamiento, los inquilinos no procedieron a devolver la vivienda y continúan ocupándola pese a la oposición expresa de la propiedad. Ante esta situación, mediante el nuevo requerimiento se ha reiterado formalmente la voluntad de la parte arrendadora de recuperar el inmueble, solicitando su devolución voluntaria, libre de ocupantes y enseres, con entrega de la totalidad de las llaves.
Junto con dicho requerimiento se ha formulado una oferta vinculante confidencial, que contiene una propuesta transaccional de la propiedad con la intención de alcanzar una solución amistosa que permita recuperar la posesión de la vivienda sin necesidad de acudir a los tribunales. Esta actuación se enmarca en los medios adecuados de solución de controversias (MASC) previstos en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuyo artículo 17 regula específicamente la oferta vinculante confidencial como mecanismo de negociación extrajudicial.
La oferta tiene un plazo de vigencia de un mes desde su recepción, durante el cual los arrendatarios podrán valorar la propuesta formulada y alcanzar un acuerdo con la propiedad que permita resolver el conflicto.
Si no se consigue una solución amistosa y extrajudicial, se interpondrá la correspondiente demanda de desahucio por expiración del plazo contractual ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alicante, solicitando la recuperación de la posesión de la vivienda.



