Predemanda de desahucio por finalización de contrato en Estepona (Málaga) – MASC

El pasado 20 de octubre remití un requerimiento formal de restitución de vivienda y una oferta vinculante confidencial a la parte arrendataria de una vivienda situada en Estepona (Málaga), como actuación previa a la eventual interposición de una demanda de desahucio por expiración del plazo contractual.

En este caso, el contrato de arrendamiento se suscribió en 2018, manteniendo la propiedad que su vencimiento se producirá en el presente año 2026.

Los propietarios ya habían comunicado a la arrendataria, mediante diferentes requerimientos fehacientes remitidos desde octubre de 2025, su voluntad expresa de no renovar ni prolongar la relación arrendaticia, así como la necesidad de recuperar la vivienda por circunstancias personales y familiares debidamente justificadas.

Sin embargo, la arrendataria ha solicitado una prórroga extraordinaria de dos años, inicialmente al amparo del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, y posteriormente invocando las previsiones del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, pretendiendo extender la vigencia del contrato hasta el 26 de diciembre de 2028.

La propiedad se ha opuesto expresamente a dicha pretensión, al considerar que concurren circunstancias de necesidad de recuperación de la vivienda que deben ser valoradas conforme a las excepciones legalmente previstas. Precisamente, uno de los aspectos jurídicos relevantes del asunto es la interpretación de las nuevas disposiciones sobre prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento y su relación con las causas de necesidad de ocupación de la vivienda por parte de los arrendadores o sus familiares.

Mediante el nuevo requerimiento remitido por burofax se ha reiterado la oposición de la propiedad a la prórroga pretendida y se ha solicitado formalmente a la arrendataria que proceda a la entrega voluntaria de la vivienda el próximo 26 de diciembre de 2026, libre de ocupantes y enseres, con restitución de la totalidad de las llaves.

Además, el contrato contiene una cláusula penal que contempla determinadas consecuencias económicas en caso de retraso en la devolución del inmueble una vez extinguido el arrendamiento, cuya eventual exigibilidad dependerá de la procedencia de la extinción contractual y de las circunstancias concurrentes.

Junto con dicho requerimiento se ha formulado una oferta vinculante confidencial, con una propuesta transaccional de la propiedad destinada a alcanzar una solución amistosa que permita resolver la controversia sobre la finalización del arrendamiento y evitar, en la medida de lo posible, acudir a los tribunales.

Esta actuación se enmarca en los medios adecuados de solución de controversias (MASC) previstos en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, cuyo artículo 17 regula la oferta vinculante confidencial como instrumento de negociación extrajudicial.

La oferta concede a la arrendataria un plazo de treinta días naturales desde su recepción para valorar la propuesta y, en su caso, aceptarla expresamente, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que permita la restitución voluntaria de la vivienda.

Si finalmente no se alcanza una solución extrajudicial y la arrendataria no entrega la vivienda en la fecha de vencimiento sostenida por la propiedad, se valorará la interposición de la correspondiente demanda de desahucio por expiración del plazo contractual ante el Tribunal de Instancia territorialmente competente, solicitando la recuperación de la posesión y, en su caso, las cantidades que legalmente resulten exigibles.

Por ahora, habrá que esperar a la respuesta de la arrendataria y comprobar si es posible alcanzar un acuerdo que evite la judicialización del conflicto.

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